Este lunes, la defensora de los Derechos Humanos Rebeca Enríquez acudió al Palacio de Justicia de Cotuí junto al ciudadano Emanuel Geraldino Paulino, quien presentó una denuncia por presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales y a los de sus hijos menores.
Geraldino Paulino declaró que enfrenta una situación difícil con la madre de sus hijos.
Según explicó, ella ha incumplido con sus responsabilidades como madre, dejando a los niños bajo su cuidado exclusivo sin asumir ninguna obligación.
El ciudadano afirmó que ha tenido obstáculos para ejercer su derecho de visitas. Por esa razón, inició un proceso legal con el fin de regularizar el régimen correspondiente para poder ver a sus hijos de manera adecuada.
“El día 7 procedimos a regularizar la visita de los hijos míos porque no me los dejaba ver. Durante la reunión con la licenciada, ella se levantó y se fue, expresó que no quería a los niños y me dejó con la palabra en la boca. Luego salió y agredió mi vehículo”, relató Geraldino, quien aseguró que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades.
El ciudadano también explicó que la situación se complicó tras realizarse una prueba de paternidad que confirmó que una de las niñas no es su hija biológica, lo cual desencadenó otros problemas.
A raíz de ese descubrimiento, dijo haber sido víctima de falsas acusaciones legales y despojado de sus pertenencias por parte de la madre, con quien vivía anteriormente en San Francisco de Macorís.
“Ella me dejó prácticamente en la calle. Después se mudó a Cotuí con otra persona y por más de tres años no supe del paradero de mis hijos. A pesar de las dificultades económicas, la madre me entregó a los niños, y he asumido la responsabilidad como padre. Sin embargo, la madre también debe cumplir con su deber, como lo establece la Constitución”, manifestó.
Rebeca Enríquez, en su rol de defensora de los Derechos Humanos, acompaña al ciudadano en este proceso legal con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos y la protección de los menores involucrados.
El caso ya está en manos de las autoridades judiciales de la provincia Sánchez Ramírez, quienes conocen el expediente y darán seguimiento conforme a lo establecido en la ley.
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