Magistrada reporta amenazas de muerte y difamación por parte de mujer inconforme con fallo. Pide protección y acción penal ante Consejo del Poder Judicial.
La magistrada Alexandra Reyes Custodio, jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial Higüey, en la provincia La Altagracia, denunció amenazas.
Según la denuncia formal, fue víctima de amenazas de darle fin y difamación pública por parte de una mujer insatisfecha con una decisión emitida durante una audiencia.
El hecho ocurrió el pasado 6 de mayo, luego de que la jueza dictara un auto de no ha lugar en un proceso legal, lo cual generó el malestar de la parte afectada.
Durante la audiencia, la magistrada explicó que dicha decisión es susceptible de apelación conforme a los procedimientos establecidos dentro del sistema judicial.
Tras esa decisión, la señora Mildred Correa habría realizado declaraciones públicas violentas tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Las expresiones denunciadas incluyeron amenazas directas de muerte, acusaciones de corrupción y menciones a la hija menor de la jueza, de solo siete años.
Entre las frases pronunciadas por Correa, se encuentran: “hay que ultimar dos o tres jueces” y “vamos a poner una bomba en Higüey”.
Estas amenazas fueron emitidas en presencia de autoridades del sistema judicial sin que se realizara un arresto, pese a su carácter flagrante.
En el lugar estaban presentes el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, la encargada de seguridad judicial y el jefe de Comunicaciones del Poder Judicial.
A pesar de esa presencia institucional, no se produjo una detención inmediata, lo cual generó preocupación por la aplicación del Código Penal dominicano.
La jueza Alexandra Reyes Custodio consideró estos hechos como un atentado directo contra la independencia judicial y la seguridad del sistema de justicia.
También calificó la situación como una amenaza seria contra el Estado de Derecho, debido a la gravedad del contenido de las declaraciones proferidas.
En su denuncia, la jueza afirmó que no ha recibido protección institucional ni notificación oficial sobre medidas de seguridad tras los hechos ocurridos.
Mediante una carta enviada al Consejo del Poder Judicial, Reyes Custodio manifestó su decisión de iniciar una acción penal contra la presunta responsable.
Dicha acción se hará conforme a lo establecido en la Ley 327-98 sobre la Carrera Judicial, aplicable en casos que afectan la función jurisdiccional.
Además, solicitó seguridad personal inmediata para su familia y un aumento en la seguridad del Palacio de Justicia de Higüey, que presenta deficiencias.
Según la jueza, actualmente dicho tribunal carece de detectores de metales en funcionamiento y cuenta con un personal policial que resulta insuficiente.
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