SANTO DOMINGO.– La oficina legal del abogado Ángel Lockward informó que será llevado a cabo el proceso de exhumación del cuerpo de Ruth Elisa Seija Jerez, una joven que dejó de vivir mientras se encontraba en la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia. El hecho ocurrió el mes pasado, durante un desplome estructural en el techo del establecimiento, que provocó consecuencias para múltiples personas presentes.
La exhumación se efectuará en el cementerio Jardín Memorial, situado en la avenida Jacobo Majluta. De acuerdo con la declaración del abogado Ángel Lockward, la decisión de exhumar el cuerpo de la joven tiene como finalidad establecer con mayor precisión la causa real por la cual dejó de vivir. Esto surge luego de que el centro médico que la atendió certificara en un principio que la causa fue de tipo natural, a pesar de que la situación ocurrió en medio del colapso estructural del techo del local.
Se informó que Ruth Elisa Seija Jerez dejó un hijo en condición de orfandad. Por su parte, los familiares de la joven anunciaron que procederán legalmente con un recurso de apelación en contra de la medida de coerción impuesta, la cual consistió en una fianza económica de RD$50 millones a los dos individuos señalados como responsables directos del hecho. Además, los parientes confirmaron que también presentarán una demanda contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya que consideran que ambas instituciones tienen un grado de responsabilidad en lo sucedido.
Lockward expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la jueza Fátima Veloz. Aunque reconoció su trayectoria profesional, afirmó que la medida establecida “no guarda proporcionalidad con la magnitud del hecho”, al haberse determinado una fianza contractual en lugar de aplicar otras como prisión preventiva o arresto domiciliario.
El abogado también mencionó que la misma jueza habría dictado una oposición de apenas 60 días para el traspaso de bienes del imputado Antonio Espaillat, tiempo que ya habría expirado. Esto, según explicó, permitió el manejo libre de recursos por parte de Inversiones E y L SRL, empresa vinculada al proceso. La defensa también señaló que fue rechazada la solicitud de oposición a los bienes pertenecientes a la compañía propietaria del local afectado.
Por su parte, los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, encargados del área penal del caso, señalaron que los 57 acuerdos presentados por uno de los imputados no reflejan una atención real a los afectados. Indicaron que únicamente cinco de estos corresponden a personas allegadas a quienes dejaron de vivir, y que tres de ellos eran empleados del lugar. El resto, agregaron, consiste en pagos laborales o compensaciones promedio de RD$200,000 a representantes legales.
“La jueza, con una carrera tan destacada, debió haberse inhibido, dada su supuesta cercanía familiar con socios del imputado, ya que esto contribuye a una percepción negativa de las actuaciones del sistema judicial en este proceso”, señala la nota divulgada por la oficina legal.
Por último, el equipo de abogados anunció que apelará la decisión, a la que calificaron como “excesivamente laxa”. También señalaron que no comparten los señalamientos relacionados con homicidio voluntario presentados por otros representantes legales.
La oficina de Lockward convocó a una rueda de prensa que tendrá lugar el lunes 30 de junio a las 10:00 de la mañana, en su sede ubicada en la calle Doctores Mallén No. 240, sector Arroyo Hondo, donde se darán a conocer los detalles del recurso de apelación y otras medidas jurídicas.
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