Puerto Plata, República Dominicana — Con estrictas medidas de seguridad y una sala llena de tensión contenida, comenzó este lunes el juicio de fondo contra el pelotero profesional Wander Samuel Franco Aybar, acusado formalmente de incurrir en actos de naturaleza sexual con una menor de edad.
El proceso, llevado a cabo por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, marca un punto crítico en una investigación que ha acaparado atención tanto local como internacional, al involucrar a una figura de alto perfil en el mundo del béisbol.
La narrativa del caso no solo ha generado un fuerte debate en redes sociales, sino también cuestionamientos sobre las estructuras familiares y los entornos de vulnerabilidad que rodean a muchas adolescentes dominicanas.
Junto al deportista también enfrenta cargos Marta Vanesa Chevalier Almonte, madre de la adolescente, quien según la acusación del Ministerio Público habría participado activamente en la explotación sexual de su hija, además de incurrir en lavado de activos relacionado con los beneficios obtenidos de dicha situación.
Las autoridades alegan que hubo una trama en la que la víctima fue instrumentalizada con fines económicos, agravando la magnitud del hecho imputado.
Los hechos que se ventilan habrían ocurrido en el territorio nacional durante la etapa en que Franco se encontraba en ascenso dentro del béisbol profesional, lo que refuerza el componente de poder e influencia que, según la acusación, fue utilizado para mantener relaciones inapropiadas con una menor de edad.
A partir de ahora, el proceso judicial estará centrado en la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales que sustentan las acusaciones contra ambos imputados.
Desde hoy, tanto el pelotero como la madre de la menor enfrentan cargos con penas que podrían implicar varios años de reclusión, en caso de que sean hallados culpables.
El caso se está desarrollando a puertas abiertas pero con restricciones en el acceso a ciertos detalles, debido a la naturaleza sensible de las alegaciones y la edad de la víctima, cuya identidad está resguardada por ley.
Las autoridades reiteraron que se garantizará el debido proceso, la protección de los derechos fundamentales de la víctima y que se actuará conforme al marco legal nacional e internacional que protege a menores de edad en situaciones de vulnerabilidad.
El juicio continuará en los próximos días con la comparecencia de testigos claves y la revisión de los elementos financieros atribuidos a la coimputada.
El Ministerio Público ha declarado que posee “evidencia suficiente” para sostener la acusación, mientras que las defensas técnicas aseguran que demostrarán la inocencia de sus representados.
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