Tras ocho años fuera del país y una deportación desde Estados Unidos, Junior Ramírez volvió a enfrentar la justicia dominicana por presuntos delitos aún sin resolver, según confirmó el Ministerio Público de la provincia Duarte.
‘Yo no entiendo por qué estoy preso si ya cumplí’, expresó con firmeza Ramírez, quien asegura haber estado recluido en la Fortaleza de San Francisco de Macorís antes de emigrar de forma irregular a territorio estadounidense. “El que sale de ahí, sale limpio”, agregó, calificando su reciente arresto como “un montaje” que, según él, no tiene fundamentos legales.
La magistrada Smaily Rodríguez, representante del Ministerio Público en esa demarcación, ofreció una versión distinta y puntual. Aclaró que Ramírez se encontraba en condición de “alertado” desde hace varios años, y que su salida del país no se ajustó a los procesos legales correspondientes.
“Él salió de forma ilegal. Ya había alertas activas en su contra, y al ser apresado en EE.UU., fue deportado a suelo dominicano para que responda por los cargos que pesan sobre él”, explicó la fiscal. En el marco de una ofensiva judicial más amplia, la magistrada reveló que en las últimas semanas han procesado a dos personas deportadas desde Estados Unidos por causas pendientes en la provincia Duarte: Robert del Orbe y el propio Junior Ramírez, ambos vinculados a expedientes por hechos violentos y calificaciones jurídicas graves como homicidio y violencia.
“El Ministerio Público y el Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional mantienen un compromiso permanente con el seguimiento a prófugos, sin importar cuántos años hayan pasado. No descansamos en esclarecer los hechos y garantizar respuestas a las víctimas”, aseguró Rodríguez, dejando claro que la justicia dominicana no da por cerrados los casos sin resolución.
A partir de esta medida, las personas con cuentas pendientes ante los tribunales deberán prepararse, pues el sistema judicial de la provincia Duarte ha intensificado sus mecanismos de localización y reapresamiento, aun fuera de territorio nacional.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar que todo implicado asuma la responsabilidad que le corresponda por sus actos.
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