Nueva York, EE. UU. El calor sofocante, el hacinamiento extremo y la incertidumbre legal son solo parte del drama que se vive tras los muros del edificio 26 de Federal Plaza, donde el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat (NY-13) intentó sin éxito ingresar al área donde estarían recluidos decenas de inmigrantes, en medio de crecientes denuncias sobre condiciones inhumanas.
Acompañado por la congresista Nydia Velázquez (NY-07) y líderes de organizaciones como Make the Road NY y la New York Immigration Coalition, el legislador dominicano se presentó el domingo en la sede del ICE con la misión clara de verificar lo que muchos ya describen como una “crisis silenciosa” dentro de las instalaciones migratorias de Nueva York.
Pero el acceso al décimo piso, donde según reportes están confinados los inmigrantes, fue negado por las autoridades, lo que provocó una reacción inmediata: “El bloqueo a nuestra supervisión solo refuerza la necesidad de transparencia”, denunció Espaillat en una rueda de prensa.
Según reiteró, el Congreso tiene el derecho legal y el deber moral de inspeccionar cualquier instalación de detención en el país, sin excepción.
Entre los casos más recientes se encuentra el de Joaquín Rosario, un dominicano de 34 años que fue detenido el pasado viernes tras acudir voluntariamente a una cita rutinaria relacionada con su proceso migratorio.
Rosario había ingresado legalmente hace un año por la frontera sur y se encontraba en seguimiento judicial bajo el programa conocido como “chequeo”, sin antecedentes penales.
“Vamos a seguir volviendo aquí”, afirmó Espaillat al salir del edificio. “No nos dieron acceso al piso 10, vamos a seguir empujando a ver qué es lo que está sucediendo en este edificio, que hay personas que entran y no salen de aquí”.
La visita de este domingo da continuidad a la inspección realizada a finales de mayo en el Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey, donde los congresistas observaron casos similares de personas detenidas pese a no representar riesgos para la seguridad pública.
“La gran mayoría no eran personas con antecedentes violentos. Eran padres, madres, trabajadores, vecinos”, declaró entonces Espaillat, quien lamentó la ruptura de familias mixtas donde los hijos son ciudadanos estadounidenses.
Las exigencias de los legisladores y defensores apuntan a un cambio inmediato en los protocolos de detención y deportación, así como a garantizar condiciones dignas y supervisión externa de los centros migratorios.
Desde hoy, la presión política se intensifica y las autoridades federales deberán responder ante los cuestionamientos legales y éticos que genera la actual política de detención migratoria.
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