Puerto Plata, República Dominicana. Un fallo judicial sin precedentes marcó el cierre de uno de los casos más controversiales que han estremecido al deporte dominicano en los últimos años.
Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor involucrada en el proceso contra el exbeisbolista Wander Samuel Franco Aybar, fue sentenciada a 10 años de prisión efectiva y además se le decomisaron múltiples bienes de alto valor, adquiridos a través de actividades ilícitas comprobadas por las autoridades.
La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, tras considerar como probado el delito de explotación sexual comercial y el lavado de activos, bajo el esquema de presión y encubrimiento que ejercía Chevalier contra el jugador profesional.
Entre los bienes incautados figuran un solar de 600 metros cuadrados ubicado en Villa Montellano, un vehículo del año 2023, RD$2.1 millones depositados en el Banco Agrícola, US$68,500 en efectivo, RD$800,000 en billetes, varios celulares y valores bancarios de procedencia ilícita.
El Ministerio Público estableció con claridad la cadena de hechos que sustentan la acusación, donde se demostró que Franco Aybar mantuvo retenida a la menor durante varios días y enviaba sumas de dinero a la madre para garantizar su silencio, conducta que sustentó la complicidad y la ganancia criminal.
Por su parte, Wander Franco fue sentenciado a dos años de prisión, aunque la ejecución de la pena fue suspendida bajo estrictas condiciones, incluyendo el impedimento de acercarse a menores de edad con fines sexuales.
Chevalier deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago, mientras que el exjugador solo ingresará a prisión si incumple alguna de las disposiciones establecidas por el tribunal, según lo establecido en la sentencia.
El proceso judicial fue conducido por los fiscales Claudio Cordero y José Martínez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata, quienes presentaron un expediente con más de 165 pruebas documentales y testimoniales, incluyendo peritajes, mensajes, registros bancarios y declaraciones juradas.
Ambos representantes del Ministerio Público señalaron que esta decisión judicial refuerza el compromiso del Estado dominicano contra la explotación sexual infantil y el uso del sistema financiero con fines criminales, estableciendo un precedente ejemplar en la lucha contra estos delitos.
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