El proceso relacionado con el colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril y que dejó un saldo de 235 personas que dejaron de vivir y más de 180 lesionados, fue declarado como caso complejo por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Además, se concedió un plazo de ocho meses al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.
En la misma resolución judicial, se impusieron medidas de coerción a los imputados Antonio y Maribel Espaillat, vinculados a la operación del establecimiento. Estas medidas incluyen la prohibición de salir del país sin autorización previa, presentación periódica y una garantía económica conjunta de 100 millones de pesos, dividida en 50 millones para cada uno.
La resolución número 0670-2025-SMDC-01177, emitida el 18 de junio de 2025, tiene más de 90 páginas y fue redactada tras una audiencia. En el documento, la magistrada argumenta que la magnitud del hecho, la cantidad de personas afectadas y la dificultad de la recolección de pruebas justifican declarar el caso como complejo. La jueza expresó que “se impone declarar el caso como complejo, en virtud del elevado número de víctimas, la pluralidad de hechos punibles y la necesidad de realizar múltiples peritajes técnicos y entrevistas a testigos dispersos geográficamente”.
El Ministerio Público había solicitado medidas más severas, como prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel. Sin embargo, la jueza decidió imponer condiciones menos restrictivas, manteniendo controles firmes sobre los imputados.
Las razones para declarar el caso como complejo incluyen: más de 400 personas afectadas, la pluralidad de los hechos investigados —entre ellos, lesiones, golpes y violaciones a normas del Código Penal y la Ley de Urbanismo—, la cantidad de pruebas técnicas y documentales necesarias, y la participación de víctimas y peritos de origen internacional.
Según el Ministerio Público, los hermanos Espaillat operaban el Jet Set Club con deficiencias estructurales, sin contar con los permisos adecuados, y habrían ignorado advertencias sobre riesgos en la edificación. Aunque la defensa niega estas acusaciones, el tribunal reconoció que existen elementos suficientes para mantener la investigación y aplicar medidas restrictivas.
La garantía económica impuesta, de 100 millones de pesos entre ambos, se considera una de las más altas en casos de esta naturaleza. Esta suma tiene el propósito de asegurar que los procesados cumplan con las condiciones del proceso y se presenten ante las autoridades cuando se les requiera.
Durante los próximos ocho meses, el Ministerio Público deberá continuar con los peritajes técnicos, recabar testimonios de sobrevivientes y empleados, y reunir evidencia suficiente para determinar las responsabilidades. Mientras tanto, los imputados permanecerán bajo libertad condicional, con vigilancia judicial.
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