SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – Durante años, se negó de forma categórica cualquier vínculo de operaciones del Cártel de Sinaloa en territorio dominicano. Sin embargo, nuevos datos presentados por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) revelan que dicha organización sí ha realizado actividades en el país, contradiciendo la posición oficial del Gobierno dominicano.
La figura de Leonel Apolinar Ramos Brazobán, conocido como “Pinzón”, ocupa un lugar central en esta situación. Según Tony Velázquez, portavoz de la DEA para el Caribe, Ramos estaba vinculado a la administración de bienes inmuebles en República Dominicana como forma de pago por compromisos asociados al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Estas declaraciones, ofrecidas durante un reportaje de “El Informe con Alicia Ortega”, apuntan a la existencia de una supuesta célula financiera del cártel en territorio dominicano. Esta estructura habría servido como mecanismo para saldar deudas relacionadas con envíos de sustancias ilícitas desde México hacia la costa este de Estados Unidos.
La revelación de Velázquez se distancia de lo expresado por el presidente Luis Abinader, quien en un encuentro semanal con la prensa afirmó: “Esa organización no realiza operaciones en el país”. A esa posición también se sumó el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), aunque reconoció que un integrante operativo del grupo fue arrestado en febrero tras su llegada al país.
Velázquez respalda su declaración con hechos recientes. Uno de ellos es el intento de realizar un acto en contra de José Francisco del Orbe Peña, apodado “Güeylón”, a quien se vincula como colaborador de autoridades estadounidenses. La acción fue organizada desde México y ejecutada por dos ciudadanos mexicanos que estuvieron un mes en zonas turísticas dominicanas antes de no cumplir su cometido.
Los involucrados, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala, fueron identificados mediante audios, llamadas y seguimientos. Aunque ya no están en el país, su caso generó una alerta internacional. Además, Carlos Alberto Páez Pereda y Luis Alfonso Páez Pereda, miembros del grupo conocido como “Los Rugrats”, también están bajo monitoreo.
Otro punto relevante es la llamada “Operación Jaguar”, realizada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. En dicha operación fue detenido Yeyson Rojas Mosquea. La acción fue ejecutada de forma conjunta entre la DEA, la CBP, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Fue descrita como una medida firme para evitar que estructuras de este tipo encuentren base en el país.
En 2017, ya se había documentado una situación similar con la detención de Luis Fernando Bertolucci Castillo, quien fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. En su testimonio, confesó mantener vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán y reveló planes para utilizar a República Dominicana como conexión hacia Europa. Esta versión fue respaldada en su momento por el entonces embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro.
A pesar de que inicialmente se creía que las operaciones eran aisladas y de bajo perfil, los eventos actuales indican una posible expansión. El patrón observado combina estructuras financieras, redes de contacto locales y acciones concretas llevadas a cabo por enviados internacionales.
Los casos más recientes, como el relacionado con “Güeylón” y la “Operación Jaguar”, muestran que el tema sigue vigente, mientras nuevas piezas del panorama continúan saliendo a la luz.
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