La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional estableció una garantía económica de 150 mil pesos como medida coercitiva contra Antonio Alberto Arias, de 54 años, acusado de hacerse pasar por periodista con el fin de realizar sustracciones durante eventos relacionados con la prensa.
Esta decisión fue adoptada el martes por el juez Rigoberto Sena, quien también dispuso que el acusado debe presentarse periódicamente ante el tribunal. Además, se le impuso una prohibición de salida del país mientras las investigaciones del caso, a cargo del Ministerio Público, continúan.
Según lo expuesto ante el tribunal, Antonio Alberto Arias habría empleado esta supuesta identidad en eventos de cobertura periodística para acercarse a personas y realizar actividades ilícitas. De acuerdo con los informes disponibles, habría utilizado estas oportunidades para apoderarse de objetos personales sin el consentimiento correspondiente.
En este caso, Odil Dominga Beato actúa como querellante, quien ha denunciado que el acusado le habría robado un monedero y una tarjeta de crédito. Esta última, según los elementos presentados por la parte afectada y aceptados por el tribunal como parte del expediente preliminar, habría sido utilizada posteriormente para comprar cigarrillos.
Las acciones implementadas tienen como objetivo garantizar la presencia del encartado a lo largo de todo el proceso judicial, mientras se llevan a cabo investigaciones más profundas sobre su supuesta conexión con otros incidentes de naturaleza similar.
La Oficina de Atención Permanente seguirá supervisando el caso para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades pertinentes. La garantía económica y las limitaciones establecidas se alinean con lo estipulado en la legislación actual, actuando como un mecanismo de control durante el transcurso de las diligencias judiciales.
Este tipo de situaciones destaca la relevancia del control en eventos públicos y la validación de credenciales en el ámbito de las actividades de prensa, especialmente para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro. Las autoridades instan a aquellos que posean información pertinente a este proceso a que se acerquen y colaboren a través de los canales legales correspondientes.
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