La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso este viernes una garantía económica de un millón de pesos contra una mujer embarazada, identificada como Rosa María Apolinar. La medida se adoptó como parte del proceso legal en su contra, tras ser señalada, junto a su madre, en relación con un suceso que provocó la pérdida de una vecina en el sector San Miguel, ubicado en el kilómetro 8 1/2 de la carretera Sánchez, en la provincia del Distrito Nacional.
La jueza Fátima Veloz fue la responsable de dictar la medida de coerción. Además de la garantía económica, se ordenó el impedimento de salida del país y presentación periódica para Rosa María Apolinar. En el mismo proceso, la magistrada también dictó prisión preventiva por tres meses para Rosi Rafaela Pulinario, de 43 años, madre de Rosa María Apolinar. Esta medida será cumplida en el centro correccional Najayo Mujeres.
Durante el traslado de las procesadas desde la sala de audiencia hacia la unidad de detención provisional del Palacio de Justicia correspondiente a esta jurisdicción, algunos familiares de la persona que ya no vive expresaron comentarios dirigidos a las implicadas.
Los señores Madresa Mateo y Víctor Mora, padres de la persona cuya pérdida originó este proceso judicial, solicitaron que se impusiera la pena más alta disponible para las personas señaladas por el hecho. La señora Mateo afirmó que las personas procesadas esperaron a su hija mientras esta se dirigía hacia su lugar de trabajo.
Según sus palabras, “por lo que pedimos 30 años de cárcel”. También rechazó que lo ocurrido se tratara de un acto de defensa o de una reacción ante provocaciones, como planteó la defensa legal de una de las señaladas.
La persona que ya no vive dejó un hijo de cuatro años, quien según sus familiares, pregunta constantemente por su madre. En palabras de su padre, “Mi hija no se metía con nadie y era querida por todo el mundo”, dijo en medio de su llanto.
Por otro lado, el abogado Jorge Luis Vargas, representante legal de una de las involucradas, sostuvo que su cliente actuó motivada por provocaciones. Afirmó además que la persona afectada por el hecho se había dirigido directamente a su residencia.
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