Santiago.– El Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago impuso una condena de cinco años de prisión al doctor en medicina Paul Domingo Burkhardt Cruz. La sentencia fue dictada tras declararlo culpable de incurrir en violencia de género agravada, conforme a lo establecido en los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano.
La parte querellante fue representada por la víctima Ruth Esther Rosario Abreu, quien actuó como querellante y actor civil. Su representación legal estuvo a cargo del abogado Félix Portes y de las licenciadas Anny Elizabeth Guzmán y Yoenny Crousset Diloné. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó al condenado el pago de RD$500,000 como indemnización, así como el cubrimiento de las costas civiles del proceso judicial.
De acuerdo con lo presentado en el proceso, desde que tenía 17 años, Ruth Esther Rosario estuvo sometida a una relación marcada por control psicológico, físico y emocional. Según se detalló, el imputado utilizó su posición económica y social como medio para ejercer dominio sobre ella, recurriendo a distintos métodos de presión que incluyeron amenazas, acciones físicas como golpearla con un anillo de graduación en la cabeza, episodios de asfixia, privación de libertad y chantajes de tipo emocional.
Durante ese período, la joven fue víctima de varios intentos de manipulación que, según lo expresado en la audiencia, la llevaron a intentar dejar de vivir por su propia voluntad en al menos tres ocasiones. En uno de los episodios más graves, el médico la amenazó con divulgar imágenes de carácter íntimo y revelar información personal ante su padre, quien presentaba problemas cardíacos, como forma de coacción.
El testimonio también detalló que, en un momento determinado, luego de agredirla físicamente, el acusado intentó provocar un evento aún más grave al tratar de estrellar el vehículo en el que ambos se encontraban.
Ruth Esther expresó su gratitud a las autoridades judiciales por el respaldo recibido y por haber garantizado un proceso justo. También agradeció a la licenciada Ana Andrea Camacho, directora de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público, por el acompañamiento y la orientación brindada a lo largo del caso.
Esta decisión judicial representa una medida significativa dentro del marco de la justicia penal, al dictarse una sanción en un proceso de violencia de género agravada, sin que influyeran el estatus o la condición profesional del condenado.
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