VILLA RIVA, Duarte. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Rafael Antonio López de Jesús, alias “El Rubio”, acusado de despojar de su vehículo, dinero y perjudicar físicamente a la joven Angélica Díaz Genao, tras recibir de ella una “bola”. La disposición deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, ubicado en San Francisco de Macorís, según lo establecido por el tribunal.
La denuncia señala que el imputado no solo se apoderó del automóvil de la joven, sino también de aproximadamente 300 mil pesos en efectivo, al tiempo que la sometió a traumas físicos y psicológicos durante el suceso. Los hechos, tal como se relatan, habrían provocado un impacto significativo en la víctima, quien solicitó que se imponga la máxima pena legal contra el acusado, describiendo la experiencia como un “verdadero infierno” y subrayando la necesidad de que la justicia actúe con rigor ante estos actos.
El representante legal de López de Jesús explicó que requirió varios días para recopilar documentos que demostraran los arraigos familiares y laborales de su defendido, pero no logró presentarlos antes de la audiencia de coerción. Esta situación fue mencionada durante la audiencia como un factor que impidió que se consideraran elementos atenuantes que pudieran influir en la decisión del tribunal.
La medida ha generado amplia reacción en la comunidad de Villa Riva, donde residentes han expresado su indignación y preocupación ante la persistencia de hechos de violencia y robo que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Las voces locales demandan que se aplique la ley de manera estricta, con el objetivo de prevenir la repetición de sucesos similares y proteger a las víctimas en el municipio.
El caso de López de Jesús ha sido destacado en medios locales por la combinación de despojo de bienes y traumas físicos, así como por la solicitud de la víctima de que se garantice un castigo ejemplar. La prisión preventiva de tres meses se mantiene como la medida dispuesta por la justicia, mientras continúan los procedimientos judiciales correspondientes para determinar responsabilidades adicionales y posibles sanciones conforme a la ley. La comunidad sigue atenta al desarrollo del caso y al actuar de las autoridades frente a la violencia y los robos en la zona.
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