El exbeisbolista dominicano y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, David Ortiz, se pronunció este domingo sobre el caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), donde el Ministerio Público pidió varias la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria a tres imputados que han admitido sus hechos, mientras que la defensa del exdirector de la entidad y principal imputado, Santiago Hazim, apela a su situación de salud para que también sea dejado en su hogar, alegando que si lo dejan en prisión podría morir.
En ese sentido, Ortiz llamó al pueblo a protestar y a exigir justicia. «Mi gente despertemos que nosotros somos mas este maldito abuso sin efecto alguno tiene que parar».
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, @pecosa34, Ortiz expresó su indignación por las consecuencias del caso y exhortó a la población a levantar una sola voz. “A todos los caídos, afectados y nosotros como país por el desfalco y abuso de SeNaSa tenemos que convertirnos en una sola voz, pelear y no permitir que lo que somos como gente, como país, estos políticos y empresarios corruptos nos lo sigan arrebatando”.
El big papi sostuvo que el impacto del caso ha afectado directamente a millones de dominicanos, en especial a los más vulnerables. “Siete millones de gente sufriendo por este grupo de bandidos y la justicia bien gracias”, expresó, al tiempo que llamó a la ciudadanía a despertar y movilizarse.
En su mensaje, el exbeisbolista, además, condenó los actos de corrupción que, según dijo, afectan a quienes más necesitan los servicios de salud. “Robarle al más necesitado ni Dios lo perdona, ni en esta ni en la otra vida”, afirmó.
Las declaraciones de Ortiz se suman a las reacciones de diversas figuras públicas, comunicadores y organizaciones sociales que han convocado a protestas para exigir prisión preventiva contra los imputados en el caso SeNaSa, también conocido como Operación Cobra, y demandar que la justicia se aplique sin privilegios.
El caso investiga una presunta red de corrupción administrativa que habría provocado un grave perjuicio a los fondos destinados a la seguridad social y al derecho fundamental a la salud de millones de afiliados en la República Dominicana.
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