La madre del agente Everson Omar Pérez narró que, desde su fallecimiento en julio de este año, no ha recibido los beneficios institucionales previstos para familiares directos. Detalló que el suceso ocurrió el 15 de julio de 2024 mientras su hijo acompañaba a un amigo en la compra de una consola, sin que él tuviera esa intención personalmente.
La mujer describió aquel día como el más difícil de su vida. Aseguró que, desde entonces, no ha podido acceder a los derechos económicos establecidos para los familiares. Indicó que fue quien crio sola a Everson, un joven de 21 años sin antecedentes de conducta problemática y que siempre se esforzó por respetar las normas legales.
Explicó que su hijo soñaba con ser parte de la Policía Nacional desde los 14 años y logró superar temores iniciales para cumplir dicha aspiración. Finalmente, Everson se convirtió en un agente activo y estaba desempeñando sus funciones al momento del hecho señalado.
La madre manifestó que su hijo no estaba involucrado en actividades ilícitas y únicamente acompañaba a un amigo durante la compra, siendo esta situación interpretada de manera errada por terceros. Según su versión, tales interpretaciones buscaban obtener ventajas legales, algo que considera injusto porque su hijo solo brindaba compañía.
Subrayó que su hijo actuaba conforme a la ley y asumía con responsabilidad los riesgos inherentes a la profesión. Sin embargo, señaló que no ha recibido apoyo económico, respaldo social ni los derechos acumulados que deberían entregarse cuando un agente fallece estando en funciones.
Expuso que dichos beneficios incluyen asistencia financiera, cobertura social e institucional, y reclamó la ausencia de algún documento oficial claro sobre el caso. Enfatizó que su situación es más compleja al ser la única responsable del hogar familiar, pues el padre del agente ya no está presente, dejando todas las responsabilidades a su cargo.
La madre señaló que su nieto debería recibir apoyo normativo, dado que los derechos correspondientes deben transferirse a los dependientes directos en este tipo de casos. Afirmó haber solicitado información respecto al estado del proceso pero aún no recibe respuestas claras ni comunicación específica que detalle el avance administrativo.
Indicó que la normativa vigente establece medidas de protección destinadas a familiares de agentes fallecidos, garantizando una base de estabilidad mínima para las personas reconocidas como dependientes directos.
Además, mencionó que tanto familiares como organizaciones han denunciado retrasos en estos procesos, sugiriendo fallas administrativas que afectan a los hogares dependientes de dicho respaldo institucional.
Insistió en que no busca privilegios adicionales, sino simplemente el cumplimiento de las normativas aplicables a los casos en que agentes en servicio pierden la vida. Subrayó que otras familias viven situaciones similares, lo que evidencia problemas institucionales que perjudican a quienes se encuentran en condiciones vulnerables.
Por el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado públicamente sobre este caso ni ha informado avances relacionados con el proceso administrativo solicitado.
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