El sábado 10 de mayo de 2025, se confirmó el fallecimiento de Ariadna Pinto, una joven de 20 años, quien fue detenida en el contexto de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Tinaquillo, estado Cojedes, Venezuela.
Su deceso se produjo tras meses de complicaciones de salud que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron agravadas por su permanencia bajo custodia estatal en condiciones inadecuadas.
Pinto, quien padecía de diabetes tipo 1 e hipertensión arterial, fue arrestada el 1 de agosto de 2024, tras ser denunciada por una integrante de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) por presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio.
La denuncia, de acuerdo con la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), carecía de fundamentos sólidos.
La detención tuvo lugar en Tinaquillo, y durante su reclusión, Ariadna estuvo bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Fue trasladada en al menos dos ocasiones a centros médicos públicos por crisis de salud severas, incluida una hiperglucemia aguda el 12 de agosto, y una segunda emergencia en septiembre, cuando su estado general fue calificado como crítico.
Su excarcelación se concretó el 7 de diciembre de 2024, como resultado de una campaña de presión pública impulsada por su madre y apoyada por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
No obstante, para ese momento, su estado físico ya mostraba un grave deterioro producto de la negligencia en su atención médica durante el período de detención.
El Clipp denunció que durante su reclusión, la joven fue sometida a tratos degradantes, incluyendo el uso constante de esposas, limitaciones en su acceso a medicamentos esenciales y atención médica oportuna.
La ONG responsabilizó directamente al colapso del sistema de salud y a la indiferencia estatal por el agravamiento de sus condiciones médicas. En un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter), la organización señaló:
“Ariadna murió por la desidia de un sistema que persigue, castiga y criminaliza la protesta ciudadana en Venezuela”.
Asimismo, se detalló que la madre de Ariadna cubrió por completo los gastos médicos con el apoyo de familiares y personas solidarias, ante la ausencia total de respaldo institucional.
La ONG calificó el fallecimiento de la joven como una tragedia evitable que pone en evidencia el impacto humano de la represión y la falta de garantías procesales en el país.
Este caso ha generado nuevas denuncias sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, así como el uso de figuras penales como el “terrorismo” para silenciar la disidencia.
La historia de Ariadna Pinto se suma a una lista creciente de víctimas de lo que organizaciones independientes consideran una política sistemática de criminalización de la protesta social.
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