Jarabacoa, República Dominicana.- Un millón de pesos dominicanos se ha convertido en el motor de esperanza para una familia destrozada por la angustia.
El alcalde del distrito municipal de Veragua, acompañado del empresario y político Luis Canela Ureña, ha formalizado la entrega de esta suma como recompensa a quien aporte información verificada sobre el paradero de Rordany, el niño que permanece desaparecido desde hace varios días.
En un acto cargado de emotividad celebrado frente a los medios, el padre del menor sostuvo con fuerza la mirada, mientras que la madre, ausente por un colapso emocional, sigue siendo víctima del desgaste psicológico que ha marcado cada hora desde la desaparición.
Luis Canela Ureña, quien dejó claro que no mantiene vínculos personales con la familia, explicó que su acción responde a un gesto de solidaridad ciudadana, sin motivaciones ocultas ni intereses políticos inmediatos.
El cheque fue entregado formalmente a Roberto Ureña Canela, presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Jarabacoa, quien será el custodio oficial de la recompensa hasta que surja información que lleve directamente al paradero del niño.
El mensaje ha sido firme: quien colabore no enfrentará represalias, siempre y cuando no esté vinculado a la desaparición.
En medio del anuncio, las autoridades aprovecharon el espacio para denunciar la falta de acción de entidades claves.
El alcalde fue contundente al señalar que el Departamento de Búsqueda de Desaparecidos no ha revisado cámaras de seguridad vitales para trazar la ruta del menor.
Denunció también que parte de los operativos parecen más interesados en mostrar presencia que en buscar resultados reales.
En cuanto al entorno familiar, la situación es crítica. Ninguno de los padres ha recibido asistencia psicológica estatal.
La preocupación es visible, por lo que el alcalde ha prometido gestionar atención profesional para la familia, un paso urgente que hasta el momento ha estado ausente.
La movilización solidaria ha ido en aumento y, con ella, crecen las expectativas de que este esfuerzo conjunto logre lo que hasta ahora ha sido esquivo.
Las autoridades locales instaron, además, a reformar los protocolos de respuesta y protección a las familias en situaciones de desaparición infantil, evidenciando así una necesidad estructural que no puede seguir postergándose.
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