El caso de Ángel Martínez, quien se identifica como investigador y reside en Miami, fue mencionado en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos correspondiente al año 2021. El documento hace referencia a su situación como ejemplo de cómo se aplican las leyes sobre difamación e injuria en la República Dominicana.
Según lo detallado en la sección del informe dedicada al respeto a las libertades civiles, aunque en el país caribeño los ciudadanos y los medios pueden expresar opiniones críticas, también se han registrado casos donde autoridades ejercen presión sobre periodistas. Entre los ejemplos citados se encuentra la demanda presentada por el diputado Sergio “Gory” Moya contra Ángel Martínez.
El legislador dominicano interpuso una querella el 10 de febrero de 2021, luego de que Martínez lo señalara públicamente de estar vinculado con actividades relacionadas al narcotráfico. La acción legal se fundamentó en la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en la que se contempla la difusión de información que pueda afectar la honra y reputación de una persona por medios electrónicos.
En agosto del mismo año, un juez dominicano emitió una orden de arresto contra Martínez. Además de solicitar un año de prisión, el diputado Moya exigió una compensación económica de 10 millones de pesos dominicanos, equivalentes a aproximadamente 177 mil dólares estadounidenses, por los presuntos perjuicios causados.
El caso volvió a tener relevancia pública cuando Ángel Martínez fue detenido el lunes 26 de mayo en la provincia de Puerto Plata. La detención se llevó a cabo como respuesta a la orden judicial pendiente en su contra, derivada no solo de la querella del legislador Moya, sino también de una acción legal similar presentada por el dirigente político Guido Gómez Mazara. Ambos pertenecen al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).
De acuerdo con los registros judiciales, Martínez había sido citado en varias ocasiones, pero no se presentó ante el tribunal. Esto llevó al juez a declararlo en rebeldía y a suspender el proceso hasta que compareciera obligatoriamente. El expediente ha sido tramitado como una acción penal privada, según lo establece la legislación dominicana en situaciones que involucran presunta difamación hacia figuras públicas.
El informe también destaca otros factores que afectan la libertad de expresión en República Dominicana, como la concentración de medios, la debilidad del sistema judicial y la interferencia política. Estos elementos, según el documento, limitan la pluralidad informativa y la independencia de la prensa en el país.
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