El productor de televisión Brian Saldaña Germán interpuso una querella formal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. En dicha acción legal, exige una compensación de RD$130 millones contra los propietarios de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo de ese establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, suceso que resultó en la pérdida de 236 personas y dejó más de 180 personas con diversas afectaciones físicas, incluyendo a su esposa.
Según el expediente de más de diez páginas, al cual tuvo acceso el medio N Digital, la querella está dirigida contra la empresa Inversiones E y L SRL y tres de sus ejecutivos: Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat de Beras y Grecia López. El demandante les atribuye responsabilidad por presunta negligencia, señalando que habrían incumplido normas establecidas en el Código Penal y el Código Civil de la República Dominicana, así como lo dispuesto por la Ley 479-08 que regula las sociedades comerciales en el país.
Entre las personas que dejaron de vivir a consecuencia del colapso se encuentra la esposa del querellante, Ruth Elisa Seijas Jerez de Saldaña, quien trabajaba como subgerente en una entidad bancaria. En el documento legal, Saldaña fundamenta su reclamo económico señalando que ha sufrido una pérdida emocional, familiar y financiera, derivada de la partida de su pareja y madre de su hijo menor.
En el mismo expediente, el productor solicita al Ministerio Público la aplicación de medidas de coerción. Propone que se imponga prisión preventiva a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Beras. Asimismo, pide que Grecia López sea obligada a presentarse de forma periódica ante las autoridades judiciales y se le impida salir del país durante el curso de la investigación.
La querella incluye, además, varias solicitudes relacionadas con la investigación del caso. Entre ellas, se destacan peritajes forenses a la estructura del edificio donde funcionaba la discoteca, un estudio médico legal al cuerpo de su esposa, revisión de materiales audiovisuales difundidos en redes sociales que registraron el momento del desplome, así como la obtención de documentos relativos a las licencias de construcción, permisos de operación y pólizas de seguros vinculadas al local.
Para concluir, el demandante se reserva el derecho de presentar una acusación directa o subsidiaria en caso de que no quede satisfecho con la actuación del Ministerio Público durante la fase de investigación del proceso.
Por: Itzel Olivo
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