La procuradora general Yeni Berenice Reynoso explicó este lunes los motivos detrás de la solicitud presentada por el Ministerio Público para imponer 18 meses de prisión preventiva al empresario Antonio Espaillat. Este requerimiento forma parte de la acusación por pérdida de vidas humanas no intencionada relacionada con el desplome del techo en la discoteca Jet Set.
El Ministerio Público presentó ante los tribunales un pedido de medidas de coerción que incluye no solo la prisión preventiva para Antonio Espaillat, sino también el arresto domiciliario para su hermana, Maribel Espaillat. En la solicitud se pidió además declarar el proceso como un caso complejo, debido a las características que lo rodean.
Al ser abordada por los medios sobre si la petición de prisión preventiva por 18 meses resulta excesiva, Reynoso respondió que la actuación del Ministerio Público responde a una visión enfocada en procurar justicia en situaciones que representan una alta lesividad social. Así lo expresó tras asistir a la rendición de cuentas del Defensor del Pueblo en el Senado.
“La sociedad merece que el Ministerio Público persiga los casos como el del Jet Set”, afirmó la procuradora. Señaló además que este caso, por su impacto, requiere una respuesta institucional clara. Reiteró que, en otras investigaciones relevantes, se han adoptado medidas similares para garantizar el proceso judicial. “Si ustedes ven toda nuestra trayectoria, en este caso no hemos sido distintos”, añadió.
Está previsto que el miércoles se conozcan las medidas de coerción para los hermanos Espaillat, lo que permitirá continuar con la recepción de denuncias y la lectura del expediente elaborado por los fiscales. En dicho expediente, se sostiene que el desplome en la discoteca Jet Set, que ocasionó la pérdida de 236 personas, fue producto de una supuesta falta de responsabilidad y descuido por parte de los propietarios del lugar.
Pese a que existen otras medidas disponibles en el Código Procesal Penal como el arresto domiciliario, la garantía económica, la presentación periódica o la prohibición de salida del país, el Ministerio Público consideró que la gravedad del hecho justifica la solicitud de prisión preventiva.
Durante el mismo evento, Reynoso también reiteró su respaldo a la aprobación de un nuevo Código Penal, indicando que el actual tiene más de 140 años en vigencia y que la evolución de los hechos punibles demanda una actualización. No obstante, subrayó que los fiscales dominicanos siguen cumpliendo con su labor utilizando las herramientas legales disponibles: “Trabajar con lo que tenemos, pero sin dejar de reclamar lo que necesitamos”, puntualizó.
Actualmente, el proyecto de reforma al Código Penal es analizado por una comisión bicameral que estudia siete propuestas. Se espera que la pieza sea debatida en esta legislatura, que finaliza el próximo 26 de julio.
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