Esto dicen las leyes estadounidenses en el caso de Wander Franco

hace 2 meses

Esto dicen las leyes estadounidenses en el caso de Wander Franco

La condena de Wander Franco por abuso sexual a una menor, aunque se trate de una prisión suspendida (libertad condicional), es un obstáculo insalvable para su retorno legal a EE.UU., al menos en las condiciones actuales. Sin una sentencia anulada, cualquier solicitud de visa se le negará, manteniéndolo fuera del país y estancado en la lista restringida de MLB.

En la práctica, esto representa el fin de su carrera en las Grandes Ligas, a menos que surja una apelación exitosa en los próximos procesos judiciales dominicanos.

El crimen del que el tribunal de Puerto Plata declaró culpable a Wander Franco —abuso sexual de una menor de 14 años— se considera un «crime involving moral turpitude» (CIMT) bajo la legislación migratoria estadounidense. Esto implica consecuencias directas, entre ellas la revocación de su visa actual, anulando cualquier permiso de entrada.

Además, con una condena por CIMT, Franco queda impedido de obtener futuras visas (como la P‑1 para atletas) o incluso entrada como visitante, a menos que logre una exención muy específica y excepcional, reseña el Tampa Bay Times.

Varios expertos en migración consultados por el rotativo de Tampa coinciden en que una condena relacionada con abuso infantil afecta directamente la conformidad de su visa, siendo casi imposible obtener otra.

Agregan que incluso una apelación exitosa no basta: hasta que la condena no se anule por completo, Franco es inadmisible.

Los expertos recuerdan que, cada intento de entrada a EEUU, implica un exhaustivo proceso de revisión, incluyendo notificación a CBP (Border Protection) y evaluación consular, donde un delito CIMT conlleva rechazo casi automático. En consecuencia, apuntan, de persistir la situación legal de Franco (pendiente de apelación), las autoridades migratorias seguirían considerando la condena vigente, sin flexibilidades.

¿Y MLB?

Por su parte, la MLB podría tomar acción adicional, incluso extender la suspensión independientemente de la justicia dominicana. Actualmente, el contrato de 11 años por $182 M está en pausa: la franquicia podría incluso intentar rescindir el contrato usando cláusulas de conducta y moralidad, aunque eso sería complejo legalmente.


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