República Dominicana.- Un tribunal del distrito judicial de Valverde dictó una condena de 20 años de privación de libertad contra Rafael de Jesús Marte Santos, luego de que el Ministerio Público presentara evidencias que confirmaron su responsabilidad en hechos cometidos en perjuicio de una adolescente.
La acusación, sustentada por la fiscal Joselin M. Checo Genao, demostró que Marte Santos vulneró a la menor durante un periodo prolongado. El caso fue iniciado por las autoridades luego de que la madre de la adolescente informara sobre lo que su hija le había contado. Según el testimonio de la menor, los hechos ocurrieron desde que ella tenía siete años y se extendieron hasta los trece.
La menor explicó a su madre que fue sometida a hechos inapropiados y que no se atrevió a hablar antes debido a amenazas del agresor. De acuerdo con su relato, se le decía que no sería creída y que podría enfrentar represalias por parte de sus propios padres si revelaba la situación. Esta declaración inicial fue determinante para el inicio de la investigación judicial.
Las autoridades del Ministerio Público lograron probar la veracidad de los hechos a través de exámenes médicos y psicológicos realizados por profesionales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Estos informes confirmaron que la adolescente presentaba signos de impacto emocional y psicológico acordes con los hechos descritos en su testimonio. La evidencia científica sirvió como respaldo fundamental en el proceso.
Durante el juicio, se estableció que Rafael de Jesús Marte Santos incurrió en una infracción a lo establecido por el artículo 332-1 del Código Penal Dominicano, así como por los literales B y C del artículo 396 de la Ley 136-03, normativa que protege a niñas, niños y adolescentes.
El fallo fue emitido por el Tribunal Colegiado de Valverde, conformado por las juezas Milagros del Amor Estévez, Dariana Peñaló y Wendy Carolina Tavarez. Según lo dispuesto por el tribunal, el condenado deberá cumplir su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, ubicado en la misma provincia.
El Ministerio Público reiteró que la decisión forma parte de los esfuerzos institucionales por garantizar justicia y proteger a los menores de edad en la República Dominicana, especialmente en casos donde se ven vulnerados sus derechos fundamentales.
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