Un hombre identificado como Andy Javier Melo Medina se entregó de forma voluntaria a las autoridades durante el fin de semana en la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia. Está señalado como uno de los presuntos responsables de los hechos que provocaron la pérdida del sargento del Ejército de la República Dominicana (ERD), Eddy Antonio Santana Almonte.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el suceso se originó el pasado martes en la avenida Circunvalación Norte, específicamente en el tramo Gurabo, en la ciudad de Santiago. Según los informes preliminares, todo habría comenzado luego de un roce entre el vehículo conducido por el sargento Santana Almonte y otro automóvil, en el que se presume se desplazaban las personas involucradas en la agresión.
Posteriormente, esta situación derivó en una persecución que concluyó con el ataque. El sargento fue interceptado por individuos no identificados, quienes le soltaron proyectiles en múltiples ocasiones mientras se encontraba dentro de su vehículo. Las heridas que recibió le provocaron la pérdida de la vida. El hecho ocurrió en horas de la tarde y causó gran impacto entre los habitantes del área.
Actualmente, las autoridades siguen tras la pista de otra persona presuntamente implicada, identificada como Raúl del Rosario. Según se ha informado, esta persona permanece prófuga. La Policía Nacional y el Ministerio Público han solicitado que se entregue mediante los canales establecidos, y además hicieron un llamado a la ciudadanía para que ofrezca cualquier información que pueda facilitar su localización.
Las investigaciones se mantienen en curso con el objetivo de esclarecer todos los elementos relacionados con el caso y determinar si existen otras personas con algún tipo de responsabilidad. Este hecho ha generado una fuerte reacción tanto en los entornos militares como entre los ciudadanos en general.
Diversas voces han expresado su preocupación por la seguridad y han pedido que se tomen acciones que promuevan justicia en este tipo de situaciones. Las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente para asegurar que se cumplan los procedimientos establecidos en la ley.
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