La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió rechazar 26 recursos de apelación presentados por varias partes, incluido el Ministerio Público, en el proceso contra Antonio y Maribel Espaillat relacionados con el caso de la tragedia del Jet Set. En este suceso, 235 personas perdieron la vida y más de 180 resultaron heridas.
Los recursos buscaban cambiar las medidas de coerción actuales por prisión preventiva, argumentando la gravedad del hecho y el riesgo procesal. Sin embargo, el tribunal confirmó la medida original que impone una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica ante autoridades e impedimento de salida del país para ambos imputados.
La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue quien dictó esta medida inicialmente, basándose en los elementos de prueba y las disposiciones del Código Procesal Penal. La decisión fue ratificada en la Resolución Penal núm. 502-01-2025-SRES-00246 por las magistradas Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, integrantes de la Tercera Sala.
El fallo fue adoptado de manera unánime y plasmado en un documento de 124 páginas, donde se detallan los fundamentos jurídicos que respaldan la confirmación del fallo. El caso de la tragedia del Jet Set ha tenido una gran repercusión pública, debido a que se trata de uno de los eventos con mayor número de víctimas en la historia reciente del país.
El proceso judicial en curso incluye a múltiples querellantes y ha generado una extensa documentación, así como varias audiencias y recursos legales, que han sido analizados en diferentes instancias judiciales. La decisión de mantener las medidas restrictivas para los hermanos Espaillat implica que continuarán bajo supervisión judicial mientras el caso sigue su trámite.
Por ahora, los imputados deben cumplir con la garantía económica, presentarse ante las autoridades de manera periódica y tienen prohibida la salida del país. El expediente continúa siendo evaluado en los tribunales competentes, con la vigilancia constante de las autoridades encargadas.
Este pronunciamiento reafirma la posición del tribunal de apelación sobre la gestión de este caso complejo y significativo para la justicia dominicana, subrayando la importancia de respetar los procedimientos legales mientras se avanza en la investigación y proceso penal.
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