El caso de Justin Peralta, un niño de 10 años que fue raptado y víctima de violencia en Santo Domingo Este, ha generado una fuerte reacción en el Congreso Nacional. El hecho ha desatado indignación entre legisladores y ciudadanía, evidenciando la necesidad urgente de reformas en el sistema de justicia para proteger a la niñez dominicana.
La diputada Jacqueline Montero ha sido una de las voces más contundentes en el hemiciclo, proponiendo medidas drásticas contra quienes cometen este tipo de delitos. La legisladora expresó su posición de manera enfática ante la gravedad del suceso que conmocionó al país. “El que hizo eso tienen que mocharselo, porque si lo sueltan vuelve y se lo hace a otro”, manifestó Montero durante su intervención en el recinto legislativo.
La diputada argumentó que estas medidas extremas podrían servir como elemento disuasivo para prevenir futuros casos similares. “Que eso sirva de precedente para que los enfermos mentales, los enfermos de esa indole se corrijan”, añadió la legisladora. Montero enfatizó que las personas que cometen estos delitos representan un peligro constante para la sociedad y no deberían ser liberadas bajo ninguna circunstancia.
Durante su discurso, la diputada calificó a los responsables de estos delitos como personas con problemas mentales graves. “Esos son gente enferma, enferma mental. Y si lo sueltan, va a haber lo que se lo hace a otro”, advirtió Montero. La legisladora expresó preocupación por la posibilidad de reincidencia y el riesgo que representan estos individuos para otras familias dominicanas, incluyendo posibles víctimas futuras.
Montero aclaró su posición respecto a los derechos fundamentales, estableciendo límites claros en su enfoque. “Yo estoy siempre a favor de los derechos humanos, pero no de la vagabundería y la delincuencia”, puntualizó la diputada. En su intervención, también respaldó declaraciones previas del diputado Pinos sobre el tema, mostrando consenso entre algunos legisladores respecto a la severidad de las sanciones propuestas.
La legisladora recordó un antecedente en el Congreso cuando ejercía su cargo anteriormente. “Cuando yo fui diputada la otra vez, hubo un diputado, Jean Luis, que propuso la cancelación y mucha gente, ay, es muy drástico, mentira”, relató Montero. La diputada instó a presentar un proyecto de ley formal sobre estas medidas, argumentando que la ausencia de precedentes severos permite la continuidad de estos delitos en el país.
El caso de Justin Peralta ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema actual de seguimiento para personas condenadas previamente por delitos de esta naturaleza. La falta de mecanismos efectivos de monitoreo y control sobre exconvictos ha sido señalada como una de las principales debilidades que permitieron esta tragedia. Las autoridades dominicanas enfrentan ahora presión pública y legislativa para implementar reformas integrales que protejan a los menores de edad.
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