Nueva York.– La familia del ciudadano dominicano Allan Feliz, quien dejó de existir durante un incidente ocurrido en 2019 en el Bronx, presentó una demanda contra la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch. La acción judicial cuestiona su decisión de mantener en funciones al teniente Jonathan Rivera, responsable del proyectil que provocó la pérdida.
La demanda fue interpuesta la noche del miércoles ante la Corte Suprema de Manhattan. En ella, los representantes legales de la familia solicitan que un juez anule la resolución firmada por Tisch y disponga la destitución inmediata del oficial, en un proceso que los abogados califican como inusual dentro de la historia reciente de la institución policial.
El recurso fue promovido por los familiares de Feliz junto con el Comité de Justicia y otras organizaciones civiles que buscan mayor transparencia y rendición de cuentas en los casos donde se aplica fuerza dentro del cuerpo policial.
En marzo pasado, la comisionada adjunta y jueza administrativa Rosemarie Maldonado había recomendado la separación definitiva de Rivera del NYPD, tras hallarlo responsable del acto violento en primer grado durante un proceso disciplinario interno. Maldonado calificó el testimonio del teniente como “defensivo e inconsistente” y concluyó que su conducta resultaba incompatible con las funciones públicas que desempeñaba.
Semanas después, la comisionada Jessica Tisch revocó dicha recomendación mediante un memorando oficial, señalando que Maldonado “se equivocó” en su interpretación de los hechos. Su postura coincidió con la Fiscalía General del Estado de Nueva York, que en 2020 había determinado que no existían pruebas suficientes para formular cargos penales contra Rivera.
El informe fiscal explicó que el entonces sargento utilizó un objeto de fuego al considerar que Feliz intentaba embestir a otro agente. Aunque su percepción del riesgo no fue precisa, la Fiscalía concluyó que su evaluación del peligro fue “razonable o, al menos, no manifiestamente irrazonable”, y por ello descartó un procesamiento legal.
Los abogados de la familia sostienen que la decisión de Tisch fue “arbitraria y caprichosa”, al revertir la sanción disciplinaria sin tomar en cuenta las nuevas pruebas y sin valorar el análisis de credibilidad realizado por Maldonado.
Argumentan además que la determinación constituye una falta de discreción administrativa, al ignorar conclusiones que, según ellos, no pueden ser modificadas ni siquiera por un tribunal.
Aunque la Carta de la Ciudad de Nueva York otorga al comisionado amplios poderes disciplinarios, los demandantes alegan que esa autoridad debe ejercerse dentro de los límites legales y con buena fe administrativa. Según el procedimiento, la ciudad dispone de 20 días para presentar su respuesta, tras lo cual un juez decidirá si se realizará una audiencia pública.
Especialistas en derecho policial señalan que no existen antecedentes de una familia que haya solicitado anular directamente una decisión disciplinaria del comisionado.
Algunos expertos, sin embargo, estiman que el caso podría ser desestimado porque los familiares no formaron parte del proceso administrativo interno y, por tanto, podrían no ser reconocidos como parte legítima.
Pese a ello, la demanda ha reavivado el debate en torno a los límites del poder disciplinario dentro del NYPD y las vías legales disponibles para las familias que buscan una revisión judicial en hechos donde se produce la pérdida de una persona durante intervenciones policiales.
En el foco